"Politiquero" y "antidemócrata", esas son algunos de los rótulos que le han colgado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, este año, en donde han crecido las arremetidas del Ejecutivo contra la rama judicial. 

"Renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente. Lo que resulta contrario a la ética pública, es que utilice su cargo de presidente de la Corte Constitucional para hacer politiquería y colocar la institución al servicio de los poderosos", fueron las afirmaciones del entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, contra Ibáñez por el trámite que le ha dado en el alto tribunal a la Reforma Pensional.

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Desde el Ejecutivo hay un discurso radical contra este tribunal, es por eso que el I Encuentro de las Altas Cortes fue aprovechado por los presidentes de estas corporaciones para sentar una posición de respeto hacia su labor.

"Nadie se puede creer dueño del Estado, nadie puede decir que el Estado soy yo, nadie puede decir que el Estado es patrimonio de un ciudadano. Todos somos el Estado", dijo en un primer momento el propio Ibáñez.

Sin embargo, también aprovechó el espacio para presentar la cruda realidad que afrontan las altas cortes, que tienen que pedir "limosnas" para poder cumplir con sus labores.

"Nos alejamos de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía, y no la tenemos porque si queremos crear un cargo en la rama judicial, necesitamos obtener un recurso para crear ese cargo, nos toca pedir limosnas a la rama ejecutiva", enfatizó el presidente de la Corte Constitucional.

Ibáñez ejemplificó con la cantidad de tutelas que están seleccionando, que pasó del 3% en los 90' a 0.0005% en 2025, esto debido a que no han tenido un crecimiento en el personal, a diferencia de los procesos, que siguen aumentando. 

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Es por esto que se atrevió a afirmar que "no hay autonomía judicial", haciendo énfasis en que, por ejemplo, para 2026 les recortaron el presupuesto en $6 billones.

Sicariato judicial 

Por su parte, el presidente  del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Jorge Enrique Vallejo, fue más contundente, pidiendo que el discurso contra las altas cortes esté enmarcado por la dignidad humana.

"En Colombia no puede hacer carrera, no puede ocurrir que en lugar de debatir en torno a las ideas, en torno a los argumentos, se esté acudiendo al sicariato moral, a los francotiradores del prestigio de las personas", apuntó el magistrado Vallejo.

Aseguró que los jueces son respetuosos con el país al responder adecuadamente, de forma concreta y clara cada postulación, por eso, como representantes de la justicia, deben recibir el mismo trato.

"Si quieren discutir las providencias, las actitudes, las decisiones, las disposiciones de la rama judicial, hagámoslo, nos sometemos a ello en un régimen democrático que exige que debamos rendir cuentas, pero hagámoslo a partir del debate serio, sereno y respetuoso", destacó el magistrado Vallejo.

El presidente de la judicatura subrayó que esos ataques contra el prestigio y que tienen como finalidad amedrentar no hacen mella en la fuerza de las decisiones, y resaltó que la rama, con cada ataque, se une más.

Incómodos para el Gobierno

El presidente del Consejo de Estado, Luis Álvarez Parra, agregó a estas banderas de las altas cortes que sus decisiones, aunque causan incomodidades, no se pueden doblegar.

"Se ha velado porque las libertades, los derechos y las garantías ciudadanas tengan plena vigencia en el Estado colombiano; que la separación de poderes se mantenga; y que prevalezca la Constitución y la ley. Por ello, en muchos momentos de este Gobierno, esta labor ha generado incomodidades, pues se han debido señalar derroteros que no siempre coinciden con la agenda pública o con la visión de país del Ejecutivo", apuntó.

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El Consejo de Estado ha suspendido decretos importantes del Gobierno, como la convocatoria de la consulta popular o, más reciente, el ejercicio de las alocuciones presidenciales y consejos de ministros. 

Y una voz más que sentó su protesta fue la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), que a través de su presidente, Mauricio Rodríguez, destacó que "la independencia es un valor fundamental" y que no se pueden permitir presiones de otras ramas, incluyendo al Ejecutivo. 

"No aceptamos ni aceptaremos cualquier insinuación, cualquier ataque que se quiera presentar en contra de la labor de un juez que no esté debidamente justificada en una situación particular y concreta", dijo el magistrado, acotando que "los jueces deben ser independientes, respetados y no que hay tocarlos porque son una garantía preciosa de la democracia".